En 2019, LAWRS y la campaña Step Up Migrant Women publicaron The Right to be Believed,  o El derecho a ser creídas, teniendo en cuenta las barreras que impiden que las víctimas con un estado migratorio inseguro denuncien abusos a la policía. Entre los múltiples testimonios recogidos para el informe, Katia* nos dijo que su agresor “usó el sistema pulgada a pulgada”, refiriéndose a cómo usó el conocimiento que tenía del sistema para prolongar el abuso hacia ella. Desde nuestro trabajo de primera línea, sabemos que la forma en que los perpetradores explotan su conocimiento del sistema para abusar de las mujeres está presente en cada etapa del camino de las víctimas hacia la seguridad, incluido el acceso al sistema de justicia familiar.

El Harm Report, publicado en 2020, encontró que cuatro barreras dominantes influyen negativamente en las respuestas y los resultados de las víctimas de abuso doméstico cuando acceden al sistema de tribunales de familia: limitaciones de recursos, cultura pro-contacto, trabajo en silos y un sistema acusatorio. Para las mujeres migrantes, estas barreras se ven agravadas por las desigualdades estructurales. Se encuentran con obstáculos múltiples y superpuestos para acceder a una reparación, como la discriminación, el racismo, las políticas hostiles, la falta de conocimiento de sus derechos cuando asisten a los tribunales y las dificultades para comprender la complejidad del sistema legal en el Reino Unido.

Las usuarios del servicio de LAWRS a menudo sienten que los tribunales de familia son una extensión del abuso del que intentaron escapar cuando dejaron a los perpetradores. Se sienten desempoderadas en un sistema que perciben como un debilitamiento de sus experiencias de abuso doméstico, no les proporciona herramientas para defenderse en los tribunales en igualdad de condiciones y les niega su derecho a vivir libres de violencia. En muchos casos, las mujeres migrantes son discriminadas por sus características protegidas y por su estatus migratorio. Como se detalla en el Harm Report, esta situación es particularmente aguda en la resolución de los arreglos de custodia y contacto con los niños, como lo demuestran los casos de mujeres migrantes que pierden la custodia de sus hijos ante sus perpetradores, a pesar de las denuncias de abuso doméstico.

Acceso a la información y derechos

Una barrera crítica para las mujeres migrantes maltratadas para acceder a la justicia es la falta de comprensión del sistema. Como parte de los ciclos de abuso, las víctimas migrantes son aisladas y se les da información falsa sobre sus derechos. Este acceso limitado a la información es fundamental porque les impide conocer su derecho a las disposiciones a las que pueden acceder cuando ingresan al sistema de tribunales de familia.

Para las mujeres migrantes cuyo primer idioma no es el inglés, las barreras del idioma representan un obstáculo importante para acceder a la justicia. En combinación con la falta de comprensión del sistema, es posible que las mujeres no sean conscientes de su derecho a acceder a intérpretes, una situación que coloca a las víctimas en una posición de desventaja cuando se oponen a los perpetradores que hablan inglés. Además, incluso en los casos en que las mujeres solicitan intérpretes, estxs no cuentan con el apoyo de organizaciones especializadas.

Recientemente, apoyamos a Laura * y a su hijo, a quienes la policía y la autoridad local les negaron ayuda debido a su situación migratoria insegura. Después de que ella huyó de su hogar, el agresor la llevó a un tribunal de familia. Durante la primera audiencia de emergencia, no se le proporcionó unx intérprete, a pesar de la solicitud realizada por su asistente social. Como resultado, no tuvo una oportunidad real de presentar su caso y revelar adecuadamente el abuso al que han sido sometidos ella y su hijo. Por el contrario, su agresor no tuvo problemas para expresarse en la corte. Además, esta situación afectó negativamente el bienestar mental de Laura. Se sentía absolutamente vulnerable porque no entendía ninguna de las acusaciones que el perpetrador hizo en su contra.

Además, el/ juez centró la sesión en interrogar a Laura sobre su situación migratoria y si solicitaba regularizarla. El juez no consideró que la situación irregular de Laura sea consecuencia de la conducta coercitiva y controladora de su agresor, quien se negó a presentar una solicitud para Laura y su hijo. Este es un claro ejemplo del sistema acusatorio que experimentan las mujeres migrantes sometidas a abusos a la hora de acceder a los juzgados de familia. Además, ilustra cómo la falta de una perspectiva de género dentro del sistema de justicia puede obstruir la comprensión de un caso y afectar negativamente a quienes ya se encuentran en desventaja.

El sistema judicial como una extensión del abuso

Nuestra evidencia muestra que los perpetradores ejercen además coerción y control a través de los tribunales de familia. Esto está relacionado con la naturaleza contradictoria del sistema que obliga a las mujeres a enfrentarse a los agresores en condiciones desiguales. La complejidad de navegar por el sistema judicial se ve agravada por las dificultades para acceder a la asistencia jurídica para las víctimas de abusos. En varios casos, las usuarias de nuestros servicios han tenido que representarse a sí mismas a pesar de su vulnerabilidad, debido a las barreras estructurales impuestas y los efectos de haber sufrido abusos durante períodos prolongados.

Los recortes a la asistencia legal y el aumento de las restricciones para acceder a ella han tenido un impacto significativo en las víctimas migrantes que, como se mencionó anteriormente, generalmente desconocen la forma en que opera el sistema legal en el Reino Unido, en contraste con los perpetradores que tienen la ventaja de conocer el sistema mejor que las mujeres y, por lo tanto, utilizar esto como una ventaja para manipular el sistema a su favor.

María * soportó más de 7 años de múltiples formas de abuso. En 2020, perdió la custodia de su hijo. A diferencia de María, que no logró contar con representación legal por las dificultades para acceder a la asistencia legal, su agresor tuvo los medios para pagarle a un abogado que lo representara en la corte. María vino a nuestro servicio pidiendo apoyo ya que sintió que su voz no se escuchó y el abuso ejercido hacia ella no fue considerado al entregar la custodia de su hijo a su perpetrador.

Además, como muestra el Harm Report, las usuarias de nuestros servicios enfrentan amenazas de ser llevados a los tribunales, lo que los expone a una mayor victimización, ya que sus vulnerabilidades no se tienen en cuenta.

Luisa * vino a nuestro servicio ya que su agresor usó el juzgado de familia como herramienta para seguir abusando de ella. A menudo la llevaba a los tribunales acusándola de acoso cuando planteaba preocupaciones sobre cualquier cosa relacionada con su hijo. También hizo acusaciones falsas contra la salud mental de María y la acusó de alienación de sus padres.

 

Socavar el abuso doméstico en los tribunales de familia

El Harm Report arrojó luz sobre las dificultades que enfrentan las víctimas cuando se consideran sus experiencias de abuso doméstico cuando los tribunales de familia toman decisiones, como los arreglos de contacto con los niños. La evidencia que informó el informe muestra la forma en que el abuso doméstico se minimiza y no se considera adecuadamente en los tribunales de familia. En el caso de las mujeres migrantes, nuestra experiencia muestra que en varios casos lxs profesionales de primera línea y lxs jueces centran sus intervenciones en negar apoyo o cuestionar la condición jurídica de las mujeres en lugar de tratarlas como víctimas ante todo. Como resultado de las políticas ambientales hostiles, las víctimas migrantes son vistas en primer lugar como posibles infractores de la inmigración que están “jugando al sistema”. Como resultado de esta narrativa, las víctimas migrantes son castigadas y no creídas a pesar de que en muchos casos su situación irregular es consecuencia del abuso que sufren.

 

Cultura pro-contacto

En los casos en que las mujeres a las que apoyamos logran conservar la custodia de sus hijos, el abuso se ejerce aún más a través de acuerdos de contacto con los niños. Esta situación empeoró durante la pandemia de Covid-19, cuando los perpetradores explotaron los encierros para extender el abuso a las víctimas a través del contacto con niños. Estamos de acuerdo con los hallazgos del informe que muestran que la prioridad de asegurar el contacto con el padre no residente puede poner en riesgo el bienestar de las víctimas y los niños.

Desde el comienzo del primer confinamiento, Ana *, quien tenía la custodia de su hijo, ha experimentado abuso emocional y psicológico a través del contacto con el/la niñx. A medida que la pandemia empeoraba, a Ana le preocupaba que la falta de atención por parte de su agresor pudiera afectar su salud y la de su hijx, ya que él no tomó ninguna medida para protegerse del virus. Últimamente, se negó a compartir su nueva dirección con ella, a pesar de llevarse a su hijx con él. Ana tiene miedo de llevarlo de regreso a los tribunales de familia, ya que la ha amenazado con impugnar la custodia del/la  niñx si regresan al tribunal de familia, ya que es ciudadano del Reino Unido. Como muestra el caso, la cultura pro-contacto representa un riesgo de abuso prolongado y el riesgo de negligencia de los niños y niñas por parte de los perpetradores.

 

Conclusión

En general, se ha demostrado que los tribunales de familia no son espacios en los que las víctimas migrantes se sientan seguras y puedan acceder a la justicia. Los perpetradores les dicen continuamente a las víctimas con un estatus migratorio inseguro que no se les creerá y que cualquier intervención se centrará en su estatus legal. Este temor no es infundado, como muestra la evidencia aquí presentada. Las barreras estructurales impuestas juegan un papel crítico en agravar las experiencias negativas de las mujeres migrantes.

* Los nombres han sido cambiados.