Las propuestas presentadas en la consulta pública reciente del Ministerio del Interior (Home Office) tienen como objetivo quitar medidas de protección para familias migrantes, empujando a niños a la indigencia, y a familias al abuso y explotación.
Nos oponemos rotundamente al uso de la indigencia como herramienta de legislación migratoria. Limitar las medidas de protección infantil y obligar a los trabajadores sociales a priorizar el estatus migratorio por encima de su protección , pondrá a niños que ya se encuentran en situaciones vulnerables en mayor riesgo de sufrir daños graves. Estas propuestas consolidarán un sistema de protección de dos niveles, en el que los niños sin estatus migratorio seguro, recibirán un nivel inferior de protección y cuidado.
Cambios en las ayudas bajo el Artículo 17
Las ayudas brindadas bajo el artículo 17 (Ley de la Infancia del 1989 – Children Act 1989) tienen como objetivo prevenir mayores riesgos para los niños, basándose en el principio que todos los niños merecen estar a salvo de abuso y explotación. Las restricciones que el gobierno propone al artículo 17 impedirían a los trabajadores sociales brindar el apoyo para “niños en situación de necesidad” a casi todos los niños indocumentados en situación de indigencia, con el fin de obligar a los padres a abandonar el Reino Unido.
Usar la seguridad de los niños como arma es abominable. Esto va en contra de la obligación del gobierno de promocionar el bienestar de los niños en Reino Unido y es incompatible con sus objetivos más amplios – el gobierno no puede cumplir con su obligación de reducir la pobreza infantil e indigencia si está activamente implementando una política pública de este tipo.
La evidencia también demuestra que la estrategia es ineficaz. Un programa piloto previo del Ministerio del Interior que recurría a la destitución forzosa logró una tasa de éxito inferior al 1% en promover expulsiones del Reino Unido. Reintroducir este modelo fallido causará un daño evitable a los niños.
Política de uso de fuerza
Nos horroriza la propuesta del gobierno de modificar la política de uso de fuerza que permite la inmovilización física de niños con fines de control migratorio, lo que incluye esposar a los niños que no suelten la mano de sus padres.
El uso de la fuerza contra los niños está prohibido para evitar daños físicos y psicológicos. Las expulsiones forzosas son experiencias aterradoras para los niños, y no creemos que los oficiales puedan evaluar adecuadamente el ‘riesgo’ en esa situación. En definitiva, no hay forma de inmovilizar físicamente a los niños sin perjudicar su bienestar. A pesar de la existencia de alternativas más seguras y menos costosas, el gobierno opta una vez más por ignorar las pruebas y los principios de protección de la infancia con el fin de alcanzar objetivos políticos.
Acceso a asesoramiento legal
Los cambios propuestos a las ayudas para solicitantes de asilo incluyen un corte abrupto de este apoyo y quitan el derecho a apelar. Las familias a las que se les niegue la ayuda prevista en el artículo 95A, o que no puedan presentar su solicitud dentro del “período de gracia”, se verán obligadas a vivir en la calle, sin medios para apelar las decisiones. Al mismo tiempo, la ayuda prevista en el artículo 17 para familias indocumentadas pasará a ser condicional y estará muy restringida.
La mayoría de nuestras usuarias tienen dificultades para acceder a representación legal. Sin ella, las familias no pueden determinar si cumplen los requisitos de elegibilidad ni presentar solicitudes de ayuda o de permiso de residencia (Leave to remain). Esperar que los trabajadores sociales tomen decisiones basadas en cuestiones migratorias también conlleva el riesgo de que se brinde asesoramiento migratorio no regulado, lo cual constituye un delito. Estas propuestas suponen riesgos evidentes de violación de los derechos fundamentales que perjudicarán a las familias más vulnerables.
Apoyo para víctimas y sobrevivientes de violencia de género
A pesar de la promesa de tener como eje a la violencia de género en todas las decisiones gubernamentales, no vemos ninguna prueba de que en estas propuestas se hayan tenido en cuenta las dinámicas del abuso doméstico ni las experiencias de las víctimas y sobrevivientes.
El enfoque propuesto refleja directamente las amenazas que las víctimas y sobrevivientes migrantes suelen sufrir por parte de los agresores. Que, si no obedecen, se verán obligados a vivir en la calle. Que nadie les prestará apoyo si piden ayuda. Que, debido a su estatus migratorio, no tienen derechos como víctimas y sobrevivientes de abuso.
Para las madres indocumentadas — que se ven excluidas de los refugios, las prestaciones sociales, el empleo y la vivienda—, la ayuda prevista en el artículo 17 suele ser su único salvavidas para escapar del maltrato. Restringir el acceso no solo pondrá en peligro la seguridad de las víctimas, sino que supondrá una barrera más para acceder a la justicia. Muchas mujeres tienen solicitudes en curso ante el Mecanismo Nacional de Derivación (‘NRM’) o investigaciones policiales activas. Algunas víctimas solo se sienten lo suficientemente seguras como para denunciar el abuso cuando llegan a un alojamiento seguro. Estas propuestas harán que sea mucho más difícil que los agresores rindan cuentas por los delitos graves cometidos en el Reino Unido.
También nos preocupa que, en situaciones en las que los agresores tienen permiso de residencia y las víctimas no, estas propuestas se utilicen como arma para cometer más abusos. Por ejemplo, si se empuja a las víctimas a vivir en la calle o se las obliga a abandonar el Reino Unido, los niños podrían acabar bajo el cuidado del agresor. Ignorar las consideraciones sobre el bienestar infantil podría crear graves incidentes sobre las medidas de protección en el contexto de la violencia doméstica.
Es evidente que el Reino Unido está siguiendo los pasos de Estados Unidos al priorizar la aplicación de las leyes de inmigración por sobre la protección de los menores, en un intento erróneo por ganar apoyo político. La reciente muerte de Orlín Josué Hernández Reyes, un niño de dos años, en Estados Unidos pone trágicamente de manifiesto las consecuencias de este enfoque. Después de que la madre de Orlín fuera deportada a pesar de haber solicitado asilo, su hijo quedó bajo la custodia de un familiar que no ofrecía condiciones de seguridad. Se ignoraron las consideraciones relativas a la protección del niño y Orlín fue asesinado.
Instamos al Ministerio del Interior a que escuche las objeciones planteadas por distintas organizaciones, trabajadores sociales y autoridades locales, y a que vuelva a examinar la gran cantidad de pruebas que se oponen a este enfoque. Si se aprueban estas propuestas, las mujeres migrantes víctimas y sobrevivientes de violencia de género y explotación, así como sus hijos e hijas, correrán un grave riesgo de sufrir daños.
Recomendaciones
Rechazamos rotundamente las propuestas perjudiciales y miopes presentadas en el marco de la consulta sobre el programa “Family Returns”. Instamos al gobierno a:
- Mantener las protecciones del artículo 17 de la Ley de la Infancia de 1989.
- Mantener la prohibición vigente sobre el uso de la fuerza contra los niños durante los procesos de expulsión.
- Tener debidamente en cuenta a las familias migrantes en la implementación de estrategias intergubernamentales.
Si las propuestas se llevaran a cabo, ya sea en parte o en su totalidad, instamos al gobierno a:
- Publicar urgentemente evaluaciones de impacto.
- Introducir exenciones para las víctimas y sobrevivientes de violencia de género y de explotación.
- Mejorar el acceso al asesoramiento y la representación legal para prevenir violaciones de los derechos fundamentales.