Un cambio real es posible

Por Dolores Modern

Hoy en día se reconoce ampliamente que las mujeres migrantes con un estatus migratorio inseguro a menudo no denuncian los casos de abuso doméstico, violencia de género y explotación, por miedo. Durante casi una década, la campaña Step Up Migrant Women ha luchado por el establecimiento de una barrera que no permita el traspaso de información personal entre la policía (y otros servicios estatales) y las autoridades de inmigración (Immigration Enforcement). Esta reforma no es nueva ni radical: se ha probado con éxito en el extranjero, y ha sido recomendada sistemáticamente por organizaciones sin fines de lucro, comisionados independientes, parlamentarios y organismos de las Naciones Unidas.

En los últimos meses, dos acontecimientos importantes han vuelto a llamar la atención sobre esta cuestión.

En enero de 2026, la Policía de Irlanda del Norte (PSNI) publicó su nueva política de intercambio de información con el Departamento de Inmigración del Home Office. La política reconoce la necesidad encontrar un equilibrio entre las funciones de protección al público con la necesidad imperativa de generar confianza entre las víctimas y las comunidades.

Bajo este nuevo marco, el PSNI restringirá el intercambio de datos personales de las personas migrantes que han sido víctimas y/o testigos de crimen con las autoridades de inmigración. Solo se buscará comprobar la situación migratoria de una persona cuando existan motivos razonables para sospechar que ha cometido delitos graves en el extranjero, y cuando sea necesario y proporcional. Estas decisiones serán examinadas por altos cargos de la policía y el contacto con las autoridades de inmigración se realizará por escrito para garantizar la transparencia.

Este enfoque refleja lo que las organizaciones sin fines de lucro y otros actores —entre ellas, la Comisionada contra la Violencia Doméstica, la Comisionada Independiente contra la Esclavitud Moderna y la Comisionada para las Víctimas— llevan mucho tiempo reclamando: una separación clara entre la protección de las víctimas y el control de inmigración. Felicitamos a las organizaciones de Irlanda del Norte que han trabajado sin descanso para lograr este cambio.

En claro contraste con esta política, la Estrategia contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas (VAWG) publicada recientemente por el Gobierno del Reino Unido es más ambigua. Aunque las mujeres migrantes están prácticamente ausentes del documento, sí se reconoce que la situación migratoria puede impedir que las víctimas decidan reportar situaciones de violencia y buscar apoyo. Este reconocimiento es importante. Marca un cambio en el lenguaje y pone de manifiesto la concientización sobre una barrera que existe desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, la solución propuesta se queda corta. La Estrategia establece que la policía deberá obtener el consentimiento de las víctimas de violencia doméstica antes de compartir su información con las autoridades de inmigración.

Nuestra experiencia apoyando a sobrevivientes de trata de personas y explotación nos hace plantearnos serias dudas sobre este enfoque. Las mujeres derivadas al Mecanismo Nacional de Derivación (NRM) también deben dar su consentimiento para que sus datos se compartan con el Home Office. Sin embargo, muchas llegan a nuestros servicios tras haber sido derivadas al NRM, sin saber que han dado su consentimiento o sin comprender plenamente las implicaciones que ello conlleva. No se puede dar por sentado que el consentimiento obtenido en contextos de miedo, trauma, barreras lingüísticas y desequilibrio de poder sea libre o informado.

La relación entre las comunidades migrantes y la policía se caracteriza por la desconfianza, la desigualdad de poder y un entorno hostil hacia los inmigrantes. Esperar que el consentimiento individual supere estas barreras estructurales es poco realista. Sin una reforma sistémica, esta medida corre el riesgo de ser simbólica en lugar de transformadora.

No se trata de una “medida innovadora”, como afirma la estrategia contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, sino más bien de un débil intento de apaciguar a todas las personas que han estado clamando por un cambio.

Si el Gobierno verdaderamente busca que las víctimas denuncien los abusos sin miedo – y mejorar los resultados en materia de aplicación de la ley – debe ir más allá de las salvaguardias basadas en el consentimiento y establecer un verdadera barrera entre la policía y los servicios de inmigración. El Partido Laborista, cuando estaba en la oposición, era un firme defensor de esto.

El PSNI ha demostrado que un cambio real es posible. La pregunta ahora es si el Gobierno está dispuesto a llevarlo a cabo.